La Hna. Lissette A. Avilés-Ríos, OP explica la grave situación energética en su país. La religiosa pertenece a las Hermanas Dominicas de la Santa Cruz Provincia de Amityville en Puerto Rico y es Delegada del Arzobispo en Asuntos de Pastoral Ecológica.
“El 19 de septiembre de 2017 es una fecha que, para los y las que vivimos en Puerto Rico, difícilmente olvidamos. Ese día, y los próximos meses hasta el presente, nos cambió la vida porque se nos reveló la realidad de nuestro archipiélago, somos un pueblo con una profunda pobreza la cual estuvo oculta. Se suele decir que la pérdida del 80% de la vegetación evidenció que somos un país de pobreza pero que estaba oculta por un “velo” de primer mundo. La fragilidad en los servicios básicos se agudizó, en particular el de energía eléctrica, la cual es vital para garantizar calidad de vida ya que, son muchos los medicamentos y equipos de asistencia médica que necesitan este recurso.
A raíz de esta experiencia, el gobierno de turno declaró que para el 2050 Puerto Rico debe generar energía 100% de fuentes renovables, es la Ley #17 de 11 de abril de 2019. Dicha ley, establece unas métricas que deben alcanzarse paulatinamente, por ejemplo, para el 2025 debemos alcanzar el 40%. Estamos en el 2024, a un año de esa meta, y apenas hemos alcanzado un 4% de energía renovable. Esto se agrava ya que el gobierno actual ha optado por establecer contratos con la compañía New Fortress Energy (NFE) para generar energía con la quema de gas metano, otro contrato con AES que genera energía con la quema de carbón, mientras, el resto de la generación es con la quema de otro combustible fósil, el diésel.
En el 2019, la organización El Puente Enlace Latino de Acción Climática (ELAC) en la que represento al Señor Arzobispo(1), nos enteramos sobre el contrato con NFE y desde dónde operaría. Comenzamos una investigación la cual reveló que el establecimiento de NFE se estableció sin los procesos necesarios. Entre estos, no realizaron un estudio de impacto ambiental, ni realizaron las vistas públicas ni notificaron a los residentes, ni cuentan con un plan de emergencia en caso de accidente. Por la condición colonial de Puerto Rico, todo tipo de permisos para generar energía con la quema de metano debe someterse los permisos a la Agencia Federal Reguladora de Energía de los Estados Unidos (FERC por sus siglas en inglés), permiso que ni el gobierno estatal de Puerto Rico, ni NFE solicitaron. Cabe destacar, que la ubicación de dicha empresa está apenas 50 metros de residentes de Cataño, Guaynabo y San Juan y sí, la mayoría de los residentes afectados son de bajos recursos económicos.
Al enterarnos sobre todas estas irregularidades y el peligro potencial al que expone, no solo a las comunidades aledañas, sino al país entero (2), iniciamos los reclamos a legisladores, incoamos demandas a nivel estatal y federal. Actualmente, junto a un grupo ecuménico hemos realizado conferencias de prensa, orientaciones a la población, entre otras acciones. El que Puerto Rico logre una justicia energética es una lucha que nos permite seguir predicando desde le púlpito de nuestra vida. Falta mucho pero con la fuerza del Espíritu se logrará”.
NOTAS
(1) Desde el 4 de octubre de 2014 fui nombrada Delegada del Arzobispo en Asuntos de Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico.
(2) La ubicación de NFE es justo al lado de la principal zona portuaria del país, desde el cual entra el 80% de los alimentos, medicamentos, ropa y otros bienes.