TAMAULIPAS, MÉXICO UN AÑO DESPUÉS: 81 DETENIDOS Y NINGÚN SENTENCIADO

Organizaciones de Derechos Humanos y de protección de migrantes condenaron esta semana que un año después de la matanza de 72 indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, México, aún no hay ningún autor de la matanza formalmente condenado. Más de 81 integrantes del cartel de los Zetas han sido detenidos en México desde que se descubrió la tragedia y las autoridades atribuyeron la matanza al grupo de los Zetas, organización formada en  la década de 1990 por militares de élite desertores que fueron reclutados por el narcotráfico. En esa misma localidad fueron descubiertos en abril pasado 40 fosas clandestinas con 195 cadáveres, la  mayoría de mexicanos secuestrados y asesinados cuando viajaban en autobuses a la frontera para emigrar a los EEUU.

“No permitiremos que este crimen masivo de les humanidad se sume a otros donde han prevalecido la impunidad y la indiferencia” en un comunicado leído por Clemencia Correa, de la Universidad Autónoma de Ciudad de México conjunto con representantes de casas de migrantes y ONG. Recordaron que hubo víctimas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Brasil. “Fue el resultado “predecible y prevenible” de políticas migratorias y de seguridad del Estado Mexicano que consideraron erróneas.  Añadieron que la matanza “debe considerarse como un  crimen genocida de lesa humanidad y crimen de Estado, dado la responsabilidad directa e indirecta del Estado por resultados predecibles y prevenibles de sus acciones y omisiones.”

Los activistas señalaron que México ha fomentado condiciones de militarización, vulnerabilidad y criminalización de migrantes, cuyos derechos han sido vulnerados sistemáticamente por autoridades estatales de todos los niveles de Gobierno en complicidad con la delincuencia organizada. Las investigaciones apuntan a que el móvil del crimen fue la negativa de los emigrantes a unirse a los Zetas. Al menos 16 policías de San Fernando fueron detenidos por su complicidad en los homicidios. Para los activistas, esa corrupción demuestra cómo las autoridades da libertades a los delincuentes.

El director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha O.P., indicó que era  “una vergüenza que no haya ningún Zeta detenido que haya recibido castigo por la masacre.” Además, condenó y pidió que se cancele la iniciativa Mérida, el plan de cooperación anticrimen de México y los EEUU y Estados Unidos vigente desde 2007, que en su opinión “ata la autodeterminación de su país en sus políticas migratorias a los intereses, no de México, sino de Washington”. El coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana en la región Pacífico Sur de México, Padre Alejandro Solalinde, consideró que el Plan Mérida “es un puñal en medio de las relaciones de México con sus hermanos del sur”, en alusión a otras naciones latinoamericanas, y condenó los abusos y la xenofobia contra los indocumentados que hay en su país.

Fray Miguel Concha O.P. también anunció en una rueda de prensa que va a ser una nueva movilización de víctimas de la violencia en septiembre y la caravana tendrá dimensión internacional. “Muy probablemente la caravana pase más allá de las fronteras del país, va a parar en Guatemala en una manera simbólica, pedir perdón por todos los ultrajes que han recibido  los migrantes de Centro y Sudamérica, desgraciadamente en nuestro país”

(Resumen de información que salió en La Prensa- San Pedro Sula, Honduras 21-24/08/2011)