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Ley de Modernización Agraria polariza disputa

 Honduras: militares y droga excitan conflicto por la tierra  El envío de grandes contingentes militares a la región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, revive el añejo conflicto por la tierra en una zona donde convergen actores ligados al crimen organizado que pueden prestarse a acciones armadas, terratenientes y campesinos que reclaman una nueva reforma agraria.

El conflicto agrario en Honduras polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1991 (siguiendo varios esfuerzos de reformas desde 1962), la que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas en manos de Miguel Facussé, Reinaldo Canales y René Morales Carazo.

El problema de la tierra en Honduras ha sido histórico y violento. Si bien hubo un aplacamiento en las reformas agrarias de hace medio siglo, al distribuirse más de 409,000 hectáreas, ello no frenó el proceso de concentración, intensificando en las últimas dos décadas. Un 1.6% de la población posee 40% de la tierra y 44% de la población (200,000 familias) están sin acceso a la tierra. Hay 2.8 millón de la población bajo pobreza.

Actualmente en Honduras existen más de 600 mil familias que carecen de tierra sin que exista por parte del Estado de Honduras una estrategia agraria para solventar la grave problemática social que existe en el país. El problema del Bajo Aguán surge como consecuencia del modelo de plantación que se viene dando en Honduras desde inicios del siglo XX, cuando las compañías bananeras se apropiaron de los valles fértiles de Honduras.

En el siglo XXI, el auge de los agrocombustibes repite los despojos del pasado, con el agravante de que millones de personas se encuentran desposeídas. Entre enero de 2010 y febrero de 2011 fueron 25 muertes de campesinos, la mayoría en el contexto de abusos de los Derechos Humanos después del golpe de estado de junio 2009. En mayo de 2010 empezó una militarización de parte del gobierno de Porfirio Lobo que en adición a la seguridad privada de las empresas de los dueños de la tierra mantuvieron detenciones ilegales, órdenes de desalojos arbitrarios y múltiples violaciones del derecho a la integridad de la persona y una criminalización de la lucha campesina.

La violencia en Bajo Aguán se reedita justo cuando el gobierno se aprestaba a entregar a campesinos del MARCA, MUCA y del Movimiento Rigores casi 4,000 hectáreas de tierra que habían sido negociadas en un convenio de compra-venta con el empresario Miguel Facussé, principal terrateniente de la zona, luego de forzadas negociaciones que duraron 16 meses.

La violencia creció en la segunda parte de agosto 2011 donde fueron asesinados 14 personas, entre ellos un dirigente del Movimiento Auténtico de Reivindicación Campesina (MARCA)  y otro del Movimiento Unificado Campesino del  Aguán (MUCA). Los crímenes, al parecer a cargo de sicarios, se perpetraron en momentos en que as autoridades desplazaban a la zona un operativo militar  y policial de unos 1000 efectivos denominado XATRUCH II que mantiene severos controles carreteros, entre otras acciones.

Un Informe Preliminar de la Misión de Verificación Internacional de  Derechos Humanos (25 de febrero- 4 de marzo 2011) en Honduras, dio una evaluación de la situación en Bajo Aguán y sus recomendaciones al gobierno de Presidente Porfirio Lobo fueron:

  • Investigar las violaciones
  • Cesar la represión
  • Cumplir disposiciones legales
  • Cumplir con educación
  • Garantizar la identificación de los agentes  de policía y ejército
  • Abstenerse de la militarización
  • Tener fiscales de Derechos Humanos

Para la plataforma de Lucha de Derechos Humanos, que agrupa varios organismos civiles, el problema del Bajo Aguán es tan complejo que “el mismo Estado puede caer en una trampa si se conforma una estructura de escuadrones de muerte al servicio de los terratenientes, como parece ser la tendencia”. 

Doris Regan O.P.

Honduras

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